Sullana: Contraloría advierte retrasos en compra equipos para atención de pacientes con COVID-19

La Contraloría General identificó retrasos en la compra y entrega de equipos médicos, valorizados en un millón de soles, para la atención de urgencias en pacientes con COVID-19 en el hospital de Apoyo II-2 de Sullana, por lo que recomendó al Gobierno Regional de Piura la adopción de acciones, a fin de garantizar una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población ante esta pandemia.

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N° 5853-2020-CG/GRPI-SCC, el área de Emergencia y UCI solicitó la compra de monitores de funciones vitales de seis parámetros (adulto-pediátrico) el 08 de abril de 2020, sin embargo, recién 18 días después se emitió la orden de compra de 17 equipos por un monto total de S/ 952,007.48

La comisión evidenció que desde el 16 de abril de este año el proveedor había enviado una cotización con una validez de tres días calendario y ofertaba la entrega total de los equipos para fines de mayo. Esta demora originó la respuesta de la empresa que aseguró contar con solo 12 monitores, pero completaba la entrega en junio. Pese a ello, la entidad continuó el proceso de adquisición.

Posteriormente, a pocos días de vencerse el plazo, el proveedor pidió una ampliación de 15 días, debido a un problema con la importación, y dicha solicitud fue aceptada. Si bien la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado contempla estas ampliaciones, los auditores consideraron que no se ha justificado debidamente.

También se advirtió que, ante el ofrecimiento de este proveedor por entregar los bienes en el menor plazo posible, no se permitió acceder a otras ofertas en el mercado. Finalmente, la empresa cumplió con solo entregar 12 monitores el 15 de junio de este año.

Asimismo, en el informe se señala que el equipo ecocardiógrafo adquirido en S/ 143 mil no fue entregado dentro de los siete días de plazo, sino seis días después a la fecha de vencimiento, lo cual también afectó la atención de los pacientes.

Las situaciones advertidas generan el riesgo de que la entidad no perciba la penalidad correspondiente por estos retrasos, conforme a la normativa vigente.

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