La Contraloría General de la República advierte que el Gobierno Regional de Piura requirió el servicio de seguridad para el Hospital Popular «Señor Cautivo», una empresa privada a la que se benefició con recursos del Estado.
Según el informe del órgano de control, el pasado 25 de mayo de 2020, la Gerencia Regional de Desarrollo Social del GORE solicitó el servicio de seguridad para este establecimiento privado por un monto de S/ 32,000.
Previamente, en el mes de marzo, una vez iniciada la emergencia sanitaria por el coronavirus, el gobernador regional Servando Garcia había anunciado que en este hospital se iba a albergar a pacientes con diagnóstico positivo leve del Covid-19.
Por ende, se entendía que era necesario salvaguardar las instalaciones. Sin embargo, este centro nunca llegó a atender a ningún paciente con esta enfermedad, pese a que la autoridad visitó y presentó 100 camas habilitadas para este fin.
La Contraloría General advirtió que la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el denominado hospital popular Señor Cautivo de Ayabaca, cuya administración corresponde a un privado, genera el riesgo de que el Gobierno Regional de Piura pague por un servicio que no le corresponde asumir.
Pese a esta advertencia, el gobierno regional desembolsó el pago por este servicio en junio y julio, pagando S/ 16,000 en cada mes, informaron nuestras fuentes.
El informe de hito de control N° 5805-2020-CG/GRPI-SCC fue derivado a la entidad para la pronta adopción de acciones que permitan cautelar los recursos del Estado.
La acción de la Contraloría forma parte de la estrategia integral de control a la emergencia sanitaria por el COVID-19.
En su informe señana que la propia Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto establece que los fondos públicos se orientan a la atención de gastos que genere el cumplimiento de sus fines.
El documento precisa que el Gobierno Regional de Piura firmó un convenio con una empresa el 06 de setiembre de 2019 para la implementación, instalación y funcionamiento del referido hospital y le cedió un terreno de más de 10 hectáreas, ubicado entre la intersección de la avenida Sánchez Cerro y prolongación Chulucanas, en Piura.
Además, se evidencia que en el propio convenio de colaboración interinstitucional señala que el consorcio privado asume todo el costo de construcción, implementación, equipamiento y administración del referido hospital.
