La Contraloría General, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, halló una irregularidad en el pago de bonificaciones y aguinaldos a funcionarios de esta comuna durante el periodo de 2014-2017 que ocasionó un perjuicio de S/ 665 907.38, por lo que recomendó el inicio de acciones legales y administrativas contra nueve personas.
Durante el periodo auditado la Contraloría determinó que se hicieron pagos al entonces titular de la entidad y a personal con cargos de confianza por concepto de aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, así como bonificaciones (familiar, refrigerio, movilidad y escolaridad) por encima del importe legal establecido.
También se pagaron otras bonificaciones, como adicional por vacaciones y por estudios superiores técnicos – universitarios. Dichos beneficios se concretaron a mérito de pactos colectivos, pese a que los funcionarios se encontraban excluidos del derecho de sindicación por mandato constitucional. Asimismo, por el otorgamiento de los mencionados aguinaldos se realizaron pagos por concepto de bonificación extraordinaria por aportaciones a Essalud al margen de la normativa, dado que solo corresponden a las gratificaciones.
De acuerdo con el análisis realizado por la comisión de auditores, solamente en los pagos de aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad se causó un perjuicio de más de S/ 350 mil.
Esta situación fue ocasionada por el accionar de los funcionarios encargados de la cadena de pago de las bonificaciones y aguinaldos, al haber emitido planillas, certificaciones, informes, resoluciones o proveídos que fueron base para el otorgamiento de estos beneficios económicos. Además, por el actuar de otros servidores públicos que intervinieron en la emisión y trámite de resoluciones que aprobaron bonificaciones especiales.
Como resultado del servicio de control específico se notificó el informe al actual alcalde provincial para que disponga el inicio de las acciones administrativas correspondientes, y al procurador público de la entidad para las medidas legales respectivas en contra de los funcionarios involucrados.
