Han pasado 45 días del sismo de 6.1 de magnitud que afectó a más de 23 mil personas en 38 distritos de Piura y hasta el momento no se cuenta con un plan de reconstrucción para atender los daños provocados por este fenómeno; por lo que el contralor general, Nelson Shack Yalta, durante la jornada de supervisión y despacho en esta región, recordó a las autoridades y funcionarios que esta inacción podría ocasionar sanciones administrativas.
“No pueden continuar las cosas así. Se ha informado al gobernador regional respecto a todas las acciones desplegadas por la Contraloría. Esperamos que se dupliquen o tripliquen los esfuerzos para tener la evaluación de los daños y elaborar el plan de reconstrucción. Sin el plan, la Contraloría no podrá desplegar el control concurrente”, señaló Shack Yalta.
Recordó que desde el 21 de julio último, el máximo órgano de control tiene capacidad sancionadora, la cual se enmarca en el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS). “Hay una conducta infractora tipificada que es por no hacer algo en periodos de emergencia como este. Los funcionarios deben ser diligentes para evitar que se siga postergando la realización de obras y servicios”, añadió.
Respecto a esta conducta que es pasible de sanción, el reglamento del PAS señala el incumplimiento funcional en situaciones de emergencia declaradas conforme a ley, que dé lugar a la falta de prestación de algún servicio o a la no entrega de un bien, subsidio monetario o prestación económica, por parte del Estado, o que, la prestación o entrega no sea oportuna; cuando éstas sean parte de las medidas establecidas para afrontar la referida emergencia.
Tras sostener una reunión con autoridades del Gobierno Regional Piura, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el titular de la Contraloría fue informado que en dos a tres semanas se tendría una versión preliminar del plan de reconstrucción.
En ese sentido, expresó que se requiere de la coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno para trabajar de manera armónica y así desarrollar pronta y de manera efectiva un proceso de reconstrucción que no debería demorar más de 24 meses.
Con dicho plan, la Contraloría recién podrá desplegar el control concurrente para acompañar a los gestores. Por ello, el contralor insistió en contar con este documento técnico para tener claridad sobre las acciones de supervisión y control a ejecutar en un determinado periodo de tiempo y no repetir los errores del proceso de Reconstrucción con Cambios.
Durante su visita a la provincia de Sechura, el contralor general recorrió algunas zonas afectadas por el sismo, como el establecimiento de salud de Rinconada Llícuar, uno de los 38 distritos declarados en estado de emergencia por 60 días calendario. Este centro médico de categoría I-2 o nivel básico es muy importante para la población porque atiende a alrededor de 1000 pacientes al mes. Las instalaciones sufrieron algunos daños por el movimiento telúrico del pasado 30 de julio.
Visita a obra
Shack Yalta también se trasladó hasta los centros poblados de Parachique y La Bocana, a unos 20 minutos de la ciudad de Sechura, donde la Municipalidad Provincial ejecuta un proyecto de agua y alcantarillado de más de S/ 54 millones que beneficiará a 12 mil moradores con mejores servicios de saneamiento.
El contralor constató que los trabajos tienen un avance de solo el 15.4% cuando la obra debería culminar en marzo de 2022. Sin embargo, se han presentado problemas significativos en el expediente técnico y ello ha conllevado a deficiencias en la construcción del reservorio de agua. También se detectaron trabajos paralizados en algunos componentes del proyecto.
