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viernes, 12 abril 2024
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Candidatos regionales no presentan propuestas claras de lucha contra la corrupción

Estudiantes universitarios analizaron los planes de gobierno para identificar si una de sus prioridades será combatir este grave problema institucional

En su informe anual, la Contraloría advirtió que durante el 2021, de cada S/ 100 que invirtió el Estado, S/ 21 se perdieron por actos de corrupción e inconducta funcional en la región Piura.

Bajo esta premisa y teniendo en cuenta que combatir y acabar con la corrupción es el reto más importante para los peruanos, los alumnos del curso Sociedad y Política, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UDEP, analizaron los planes de gobierno de las trece candidaturas políticas que aspiran a dirigir la región Piura.

Los estudiantes del programa de Economía de la Universidad de Piura, orientados por el doctor César Orrego Azula, profesor del curso y representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, revisaron si los planes de partidos que aspiran a dirigir el GORE han contemplado la lucha contra la corrupción y propuestas de integridad.

Con este fin, realizaron un comparativo entre dos instrumentos públicos: el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y los 13 Planes de Gobierno de los aspirantes al Gobierno Regional de Piura.

Según el índice CGR de Corrupción 2021, de la Contraloría General de la República, Piura se encuentra en el primer lugar del ranking de perjuicio económico con 1 129 582 850 soles, recursos económicos que nos permitiría en un año, sin corrupción, hacer realidad el anhelado Hospital de Alta Complejidad en Piura y cientos de obras al servicio de las personas”, señala el doctor Orrego.

En segundo lugar, se considera que 1 432 214 piuranos irán a las urnas el 2 de octubre, a elegir a quienes los representarán en el ejercicio del poder en Piura; y, “eso supone gestionar con transparencia y sin corrupción nuestros recursos públicos”, indica Orrego Azula.

El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Integridad, cuenta con tres ejes claramente diferenciados: Capacidad preventiva del estado frente a los actos de corrupción, Identificación y gestión de riesgos y Capacidad sancionatoria del estado frente a los actos de corrupción.

Estos ejes cuentan con 13 objetivos estratégicos y 69 acciones, de las cuales los universitarios han evaluado 27, con referencia al trabajo que debe priorizar todo gobierno regional. De esta manera, buscaron conocer cuántas de estas acciones fueron consideradas en los planes de gobierno los candidatos que postulan para ser autoridades ejecutivas regionales.

Los resultados

De la comparación realizada, obtuvieron los siguientes resultados:

  1. De los trece movimientos políticos en competencia, tres no recogen en sus planes de Gobierno ninguna de las 27 acciones de lucha contra la corrupción; 8 recogen menos del 37 % de las acciones; y solo 2, incorporan en sus planes más del 50% de estas.
  2. De todas las propuestas, se evidencia preferencias para luchar contra la corrupción. 30,7% de las propuestas prefiere las acciones del eje 3; 24,6 el eje 1; y, solo el 13,3 se inclina por el eje 2.
  3. Ninguno de los movimientos en Piura, ha podido incorporar el 100% de las 27 acciones evaluadas en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
  4. Solo 10 movimientos políticos de la región en Piura, recogen al menos 1 de las acciones evaluadas, por cada uno de los tres ejes del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Al respecto, los estudiantes y el profesor del curso coinciden en señalar la importancia de “defender la democracia” y de que es una “oportunidad inmejorable para hacerlo, cuando ejercemos nuestro derecho a elegir a nuestros representantes”.

Asimismo, señalan que es indispensable que haya un claro compromiso de lucha contra la corrupción de quienes aspiran a liderar el gobierno regional.

Sin embargo, aclaran que, en el análisis realizado, para estas elecciones regionales y municipales 2022, “las propuestas muestran un sentido contrario o un escaso esfuerzo para atacar la corrupción regional, puesto que no se evidencian, objetivamente, acciones para que sean implementadas en la gestión pública regional 2023 a 2026”.

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