Inmediatamente después de publicarse el informe de la CIDH que denuncia graves violaciones de derechos humanos del Estado peruano contra la ciudadanía, congresistas de Acción Popular presentaron Proyecto de Ley para que Perú se retire del Pacto de San José.
Este Pacto es un convenio firmado por un conjunto de países del continente en el cual se adhieren al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se comprometen a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas.
Ilich Fredy López Ureña, quien ha estado vinculado al caso “Los Niños” hasta que este fue archivado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presentó este proyecto declarativo el último viernes.
La iniciativa parlamentaria en cuestión prohibiría que el Estado “mantenga” violadores, asesinos y funcionarios corruptos a través de la salida de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José). Sin embargo, no detalla algún plan o modelo penitenciario que pudiera implementar el Estado peruano para considerar condiciones carcelarias a personas sin “mantenerlas” y deslindando toda responsabilidad de sus muertes o situaciones de salud.
El proyecto tampoco menciona ni sopesa las cifras de personas recluidas sin procesos justos, sentencias, casos de homonimias, que viven en hacinamiento a comparación de las cárceles doradas de personajes como Alberto Fujimori o Vladimiro Montesinos.
La sección de costo-beneficio del documento tampoco detalla el impacto en infraestructura o presupuesto. Menos explica los efectos supuestamente disuasorios de esta medida, lo cual se podría interpretar como una excusa únicamente para retirarse del Pacto de San José.
Otros congresistas que también se adhieren al proyecto son Edwin Martínez, José Arriola, Wilson Soto, Juan Mori, Jorge Flores, Carlos Alva.
¿Por qué ahora arremeten contra los derechos humanos?
Como se recuerda, ya son tres informes de peso mundial que condenan el represivo manejo de las protestas contra Dina Boluarte. Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han documentado la serie de asesinatos masivos a manos de las fuerzas oficiales del actual gobierno.
Todos los informes son abrumadores. Con argumentos técnicos, señalan que sí hubo violaciones a los derechos humanos de parte del Estado o sus instituciones policiales y militares.
La documentación más contundente ha sido proporcionada por la CIDH, en documento publicado el miércoles 3 de mayo. Dina Boluarte y varios congresistas lo han minimizado, al igual que el congresista Edwin Martinez, quien también firma el proyecto de ley para salir del Pacto de San José.
Aunque la propuesta se anuncia como una ley declarativa, el autor, menciona países que ya no califican como democracias y donde se violan constantemente los derechos humanos como ejemplos a seguir. Según dice, esto es suficiente argumento para que Perú se retire de la convención que asegura las garantías y libertades humanas ante regímenes autoritarios:
“Venezuela presentó el 10 de septiembre de 2012 un instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La denuncia surtió efecto a partir del 10 de septiembre de 2013”.
¿Salir del Pacto de San José realmente reduce las cifras de violaciones?
La iniciativa de Ilich López compila cifras sobre inseguridad y violencia en Perú y México, pero no explica cómo es que el “prohibir al Estado que mantenga violadores, asesinos y funcionarios corruptos” funcione en la práctica como una medida disuasoria de esos delitos.
Por el contrario, al eximir al Estado de un manejo responsable de su población y políticas penales y penitenciarias, deja por sentado que los ministerios e instituciones públicas y policiales no estarían haciendo bien su trabajo. Es en estas entidades en las que se debe concentrar los esfuerzos para la gestión, prevención, resocialización de infractores de la ley.
El proyecto no menciona un plan conjunto para prevenir todos los delitos que enumera. Tampoco detalla las tipificaciones y modalidades exactas de los reclusos a “no mantener”, lo cual deja abierta su interpretación y sustento.
Al no asegurar el acceso a alimentos, medicinas y condiciones minimas de humanidad a quienes estan encarcelados, sería una pena de muerte indirecta. Eso constituiría una clara violación a los derechos humanos.
De ser aprobada una ley así, representaría un retroceso a épocas del Conflicto Armado Interno, cuando Perú fue sancionado (2009) por mantener en condiciones inhumanas, tortura y otros crimenes durante el traslado de 90 mujeres reclusas del penal Castro Castro en 1992.
Antecedentes del congresista Ilich López
Ilich Fredy López Ureña, autor de la propuesta que prohíbe al Estado que “mantenga” violadores, asesinos y funcionarios corruptos a través de la salida de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José), ha estado envuelto en varios escándalos políticos.
En octubre de 2022, agentes de la Diviac y del Ministerio Público allanaron en Huancayo dos inmuebles de su propiedad. La Fiscalía señaló que las diligencias se realizaron para recabar información por la presunta participación de este legislador en el direccionamiento de obras a empresas chinas y peruanas consorciadas.
En su momento, a este correligionario de María del Carmen Alva se le señaló como uno de los legisladores denominados Los Niños, vinculados al entorno cercano del expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, a Ilich López no se le incluyó en el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque no se habría encontrado indicios suficientes.
En marzo de este año, Ilich Lopez se mostró en contra del adelanto de elecciones y del recorte del periodo congresal.
