Luego que el Pleno del Congreso de la República aprobará el proyecto de ley que propone el retiro de los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones, la Defensoría del Pueblo se pronunció y señaló que dicha norma afecta el derecho fundamental a una pensión de personas adultas mayores.
En dicho pronunciamiento la Defensoría manifestó que el proyecto que persigue resolver, a corto plazo, el problema referido al gran número de personas, que, a pesar de haber contribuido durante largos años al Sistema Nacional de Pensiones, no puede acceder a una pensión de jubilación al alcanzar los 65 años, por no haber cumplido el requisito de los 20 años de aportes y que además vienen padeciendo necesidades por la pandemia, tendrá como consecuencia efectos que serán contraproducentes para millones de peruanos y peruanas.
Por otro lado, la Defensoría liderada por Walter Gutiérrez Camacho, manifestó que el Sistema Nacional de Pensiones enfrenta desafíos estructurales. Dado que los aportes de los trabajadores no son suficientes para financiar el pago mensual de los pensionistas.
“El sistema opera con un déficit financiero, que requiere transferencias anuales del Estado. Así, en los últimos 5 años, previos al inicio de la pandemia, se han transferido más de S/. 1,800 millones cada año para cumplir con el pago; lo que refleja que el sistema, tal como está diseñado, resulta inviable”, señala el comunicado.
Además, señaló que resulta vital no poner en riesgo el trabajo que viene impulsando la Comisión Especial Multipartidaria del Parlamento, junto a otros actores políticos y de la sociedad civil, de emprender una Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano, con normas que harían más complicado hallar una solución.
Para la Defensoría del Pueblo, es indispensable someter a un amplio y participativo debate el rediseño del sistema actual para garantizar que más personas cuenten con pensiones durante su vejez. Por ello, considera que debe aprobarse una propuesta que desnaturaliza la seguridad social en perjuicio de los y las pensionistas.
Asimismo, señaló que el proyecto aprobado resulta abiertamente inconstitucional, pues vulnera el deber del Estado de garantizar el acceso de toda persona al derecho fundamental a una pensión, previsto en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú.
“La intangibilidad de los fondos y las reservas de la seguridad social constituyen una garantía institucional para proteger este derecho y permitir que las personas adultas mayores cuenten con una fuente de ingresos segura durante la vejez. Aunado a ello, la iniciativa desconoce la esencia del concepto de pensión contributiva, que deriva de un fondo común, solidario y colectivo”, refiere el comunicado.
Para la Defensoría del Pueblo, la norma aprobada por el Pleno del Congreso, desconoce que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y que deben respetar el principio de legalidad presupuestal reconocidos en los artículos 78 y 79 de la Constitución.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo señaló que la norma aprobada inevitablemente afectará a aquellos a quienes busca proteger, e inexorablemente será declarada inconstitucional.
“Las soluciones planteadas a los problemas del Sistema Nacional de Pensiones, lejos de ser coyunturales, deben ser el resultado de un debate responsable que evalúe una reforma integral con mayores niveles de solidaridad, una fuente de financiamiento sostenible y el acceso a pensiones justas a mediano y largo plazo”, concluyó.
