La semana pasada, la Corte Penal Nacional dictó 15 años de prisión para dos oficiales del Ejército y ocho años para 16 soldados que asesinaron extrajudicialmente a 39 comuneros de la comunidad quechuablante de Cayara en mayo de 1988, en Ayacucho, durante la gestión del expresidente Alan García.
Pese a que es un hecho importante, aún queda un largo camino por delante en la búsqueda de justicia. Los magistrados no se pronunciaron sobre José Valdivia Dueñas, exjefe político militar de Ayacucho y acusado principal de ejecutar la matanza, quien permanece prófugo desde 2021, tras haber sido condenado a 12 años de cárcel por secuestrar a políticos y periodistas en 1992.
Las víctimas que sufrieron la violación de sus derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno (1980-2000) consideran que los esfuerzos por parte del Estado en reparar aquel legado de exclusiones, discriminaciones e injusticias han sido insuficientes, incluyendo las acciones para encontrar la verdad.
Esto debido a que no se ha seguido la recomendación del Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), sobre la ejecución de reformas institucionales necesarias para hacer real el Estado de Derecho y prevenir la violencia.
Sobre este tema, Inforegión conversó con Iris Jave, politóloga e investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), quien señala que hoy es más necesario que nunca seguir impulsando procesos educativos que incorporen en todas sus dimensiones y de manera crítica las afectaciones del periodo de violencia hacia distintos sectores de la sociedad peruana.
Un mecanismo para hacer frente a ello son los lugares de memoria, los cuales se encuentran en riesgo por no contar con un acompañamiento técnico que garantice su sostenibilidad.
Más memoria para aprender y no olvidar
De acuerdo al Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita (Pqnsr), en el Perú, existen más de 170 lugares de memoria, los cuales han sido elaborados por diversos actores de la sociedad civil. Dentro de este grupo se encuentran familiares, víctimas, organizaciones de derechos humanos, iglesias y grupos religiosos.
Uno de ellos es el Museo de la Memoria “Para que no se repita”, el primero en el país donde se exhiben las causas, acontecimientos y secuelas del CAI desde la mirada de las víctimas. Este ha sido desarrollado por la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep). Actualmente, este no recibe ningún tipo de apoyo económico por parte del Estado.
«Lo que falta todavía es una asesoría técnica de parte de las instancias estatales que puedan fortalecer estos lugares de memoria para atraer a nuevas audiencias y permitan conocer qué fue lo que pasó”, señala Jave.
Así como esta iniciativa Anfasep también ha impulsado el proyecto “Santuario de la Memoria de La Hoyada”, lugar de detención ilegal, tortura y ejecuciones extrajudiciales como parte de las acciones ejecutadas, entre 1983 y 1985, en el Cuartel BIM N.º 51 “Los Cabitos”, ubicado en Huamanga, Ayacucho.
El proyecto inició su construcción el año pasado bajo un presupuesto otorgado de S/ 34 millones. Hoy, se encuentra a cargo del Gobierno Regional de Ayacucho.
“Este [proyecto] empezó como un impulso de las familiares, luego intervino el Ministerio de Justicia para fortalecer su gestión y ahora la implementación está a cargo del Gobierno Regional de Ayacucho. Eso que ha pasado en Ayacucho debería ocurrir en otras regiones del país que han sido afectadas por el Conflicto Armado Interno (CAI)”, resalta Jave.
El resultado de una fragmentación histórica
Cabe recordar que tiempo atrás el Ministerio de Defensa se opuso a la construcción de dicho espacio. Esto luego que la cartera acusara a grupos proderechos humanos de defender a los grupos terroristas e insistir en que las Fuerzas Armadas protegieron en todo momento al pueblo peruano de sus ataques.
“Particularmente, en el tema de memoria no hay una sola postura en el propio Estado. Tenemos al Ministerio de Defensa que no solo hasta ahora puede mostrar su desacuerdo, sino que hasta ahora no proporciona la información correspondiente al personal que estuvo a cargo de la zona de emergencia durante los años de violencia. Hay un sector que aún se resiste a abordar o restringir el Conflicto Armado Interno (CAI) y enfocarlo solo en terrorismo”, considera la politóloga.
Por último, la investigadora del Idehpucp recomendó que el CAI debe analizarse tomando en cuenta a todos sus actores para visibilizar las afectaciones a las que todavía tiene que responder el Estado peruano.
“Estas posturas que no quieren abrirse a la verdad completa no toman en cuenta a las principales personas afectadas, que son los familiares de más de 21 mil personas desaparecidas que siguen buscando a sus seres queridos y todas las personas que fueron enormemente afectadas en sus derechos durante este periodo. Eso es lo más crudo. No es un tema de discusión política, es un tema de humanidad y derechos”, afirmó Jave.
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