“Justicia y reparación es una etapa que deberíamos haber cerrado, pero seguimos enumerando pendientes”

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) cumple 20 años de publicación este 28 de agosto. Su objetivo principal fue investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por los grupos terroristas Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y por el Estado peruano, durante el Conflicto Armado Interno (CAI), entre 1980 y 2000.

Al respecto, la exministra de Cultura, Gisela Ortiz, activista por los derechos humanos y directora de operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), señaló que, aunque se ha implementado algunas de las recomendaciones del informe de la CVR, los gobiernos han incumplido uno de sus principales señalamientos: la ejecución de reformas constitucionales para hacer real el Estado de Derecho y prevenir la violencia.

«El informe de la CVR reconoce la obligación del Estado de reparar de forma integral a todas y a cada una de las víctimas. Algunas de las recomendaciones presentadas han sido adoptadas, sin embargo, el Estado sigue fallando en implementar cambios estructurales, para acortar las brechas económicas tan grandes que existen. El proceso de justicia y reparación a las víctimas del CAI es una etapa que ya deberíamos haber cerrado, pero han pasado más de 20 años y seguimos enumerando los pendientes que tenemos», declaró Ortiz.

Gisela Ortiz Perea, exministra de Cultura y activista por los derechos humanos.

La dos veces ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos “Ángel Escobar Jurado” enfatizó que

“la CVR entregó al país un documento fundamental en cuanto al reconocimiento de las responsabilidades políticas, pero principalmente reveló cómo ocurrieron los hechos, que involucran a diversos actores: por un lado, los crímenes de SL y el MRTA, y, por otro, las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado”.

De acuerdo con Ortiz, inicialmente se realizó un esfuerzo para ejecutar las recomendaciones, mediante la instalación de fiscalías especializadas en derechos humanos y salas penales exclusivas para los juicios. Pero con el paso de los años eso se ha ido perdiendo y, en realidad, las sentencias judiciales “son muy pocas”.

En ese sentido, resaltó que hay sentencias históricas contra el Grupo Colina, el exdictador Alberto Fujimori o el caso Accomarca, pero también procesos judiciales pendientes que ni siquiera han llegado al juicio oral.

Asimismo, mencionó que no se está cumpliendo con el pago de las reparaciones civiles establecidas en las sentencias y que, por el contrario, “en algunos casos en los que el Estado es hallado responsable, se está poniendo una serie de requisitos, como que el pago será solamente a los mayores de 75 años”.

Por otro lado, destacó que uno de los logros, a raíz del informe, es la promulgación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como la creación de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrita al Ministerio de Justicia (Minjus). El problema es que existen muchas limitaciones, “ciertos órganos policiales, municipales, no brindan información para encontrar esos sitios de entierro, para ubicar a los desaparecidos”.

Foto: La Cantuta en nuestra memoria (Facebook).

Informe Final de la CVR cumple 20 años: El racismo persiste

El Informe Final de la CVR señala al racismo como una de las causas de la violencia en la época del CAI, “que fue el sustento de los criterios de identificación y selección de víctimas” (pág. 14).

Los campesinos quechua hablantes, especialmente de las comunidades rurales pobres y alejadas, terminaron siendo las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en nombre de la lucha armada senderista o de la defensa del estado de derecho”, mediante acciones militares que se impusieron desde Lima.

«Creo que el Estado ha ido buscando siempre mecanismos de impunidad, de evasión de sus responsabilidades, para no garantizar el derecho de las víctimas. Ha quedado evidenciado que seguimos siendo tan racistas como en los años 80. Crímenes y violaciones de derechos humanos contra personas que se movilizan son justificados y las personas que tienen una opinión contraria a la oficial son terruqueados con facilidad», sostuvo.

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