La minería ilegal es una actividad que mueve millones de dólares en el Perú. Según la SBS, entre 2020 y noviembre del 2023 se habrían lavado más de US$ 2,392.5 millones por este concepto. El gobierno nacional ha tomado medidas para frenar este problema, pero aún queda mucho por hacer.
Minería ilegal en Perú: un negocio lucrativo y destructivo
La minería ilegal no solo afecta la economía, sino también el medio ambiente y la salud de las personas. Esta actividad se realiza sin ningún tipo de control ni permiso, y utiliza explosivos y químicos que contaminan el suelo, el agua y el aire. Además, genera violencia, explotación laboral y trata de personas.
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La minería ilegal se concentra en varias regiones del Perú, sobre todo en Madre de Dios, Piura, La Libertad, Arequipa, Pasco, Ayacucho, Apurímac y Puno. Se estima que esta actividad ocupa más de 25 millones de hectáreas en todo el territorio nacional.
La minería ilegal es la práctica ilícita que más dinero mueve en el país, superando a otros delitos como la corrupción, el contrabando, la evasión tributaria o el narcotráfico. Según la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, se analizaron 117 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) entre 2020 y 2023, y se elaboraron 12 Informes de Inteligencia Financiera.
Los ROS son documentos que alertan sobre posibles casos de lavado de activos. Hasta noviembre del 2023, se registraron 75 ROS que evidenciaron que la minería ilegal lavó activos por US$805,780,835, es decir, siete veces más que el 2022. Estas cifras se parecen a las que se dieron antes de la pandemia, cuando la minería ilegal movió más de US$977 millones por canales ilícitos.
Un desafío para el Estado
El Estado peruano ha implementado una serie de medidas para evitar que la minería ilegal siga creciendo. Una de ellas es el Decreto Legislativo N 1607, que permite a la Policía Nacional sancionar directamente a los que usen explosivos para extraer recursos.
Otra medida es el plazo de 90 días para que los mineros inscritos en el Registro Nacional de Formalización Minera (REINFO) que tengan procesos suspendidos por más de un año, soliciten al Ministerio de Energía y Minas (Minem) levantar dicha suspensión.
Si no lo hacen, serán retirados del registro para siempre. Según el Ministerio de Economía, en 2023 se invirtió S/14,502,497 en la formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal. Sin embargo, 69,633 trabajadores del sector están suspendidos del proceso de formalización.
El exministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, dijo que hay 88,000 mineros inscritos en el REINFO, de los cuales 70 mil están suspendidos, porque no quieren cumplir con los temas ambientales y permisos mínimos. “Ahí es donde se está camuflando la minería ilegal”, afirmó.
El gobierno actual también formó un equipo multidisciplinario, con 9 ministros, para seguir de cerca el proceso de formalización minera. Se aprobó el Decreto Supremo N. 143-2023-PCM para este fin. Es importante que el Estado logre que los mineros ilegales e informales cumplan con las normas mínimas para extraer recursos. De lo contrario, el Perú seguirá perdiendo miles de millones de dólares, y lo que es peor, su patrimonio natural y cultural.
Con información de: Vigilante
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