Por: Nadia Agurto Francia*
Las desigualdades con las que convivimos las peruanas se encuentran normalizadas y camufladas en prácticas discriminatorias cotidianas. Aún resulta común escuchar cuando una mujer conduce un vehículo, «mujer tenías que ser»; más de una vez hemos escuchado “la política es para hombres, no es para mujeres”.
La región Piura no es ajena a esta situación, existen formas de discriminación hacia las mujeres que persisten y que lejos de disminuir, aumentan. Sin embargo, surge la interrogante ¿Por qué persiste la discriminación hacia las mujeres?
Entre las principales causas figuran los estereotipos de género, prejuicios, y los patrones socioculturales machistas que todavía están arraigados lamentablemente en nuestra sociedad y en la mente de las personas. Ello se demuestra incluso en el estilo de crianza en los hogares, las forma de actuar de algunos varones, adultos y jóvenes, e incluso que algunos espacios aún sean considerados solo para varones como carreras profesionales o el ámbito de la vida política.
En ese sentido podemos mencionar algunas desigualdades que existen en nuestra región, entre las principales, la escasa participación política de mujeres en la Región Piura, solo contamos con una vicegobernadora, 02 consejeras regionales, y 03 alcaldesas. Aún más crítica es la discriminación que sufren las mujeres por la violencia de género: 25.4 % de mujeres en Piura ha sufrido violencia física por parte de su pareja o conviviente, y el 43% ha sufrido violencia sicológica (según la encuesta INEI – ENDES 2023).
También es preocupante que el 28. 2% de mujeres en la región no tenga ingresos propios lo cual evidencia una dependencia económica del varón, y sin ello también las mujeres pueden quedar en condición vulnerable por falta de autonomía económica. Por otra parte, de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años, 10 están embarazadas o ya son madres y a la fecha existe 08 muertes maternas (Minsa 2024).
Es importante mencionar que existen además instrumentos legales que nos protegen como mujeres como la Convención de la eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer – CEDAW, de la cual el Perú es estado parte, así como la Ley 30364 para prevenir erradicar y sancionar la Violencia contra la mujer y el grupo familiar y la ley 28983 de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Estas normas son esenciales, sin embargo, se requiere de autoridades, funcionarios y funcionarias idóneos que conozcan sus deberes funcionales y que hagan cumplir estas leyes, de una sociedad civil sensibilizada y vigilante por supuesto y de una ciudadanía, que contemple niñas, adolescentes y mujeres empoderadas en sus derechos, que accionan y se movilizan para romper esas barreras que solo retrasan el desarrollo de la región.
Tenemos que comprender que la tarea para erradicar la discriminación contra la mujer es una labor conjunta, juntos y juntas para acceder a una vida libre de violencias y discriminación.
*Nadia Agurto Francia es comunicadora social, especialista en Género y Políticas Públicas.