El hedor y la contaminación han tomado la ciudad de Piura, pues desde hace más de cuatro días aguas de desagüe fluyen sin control por sus principales calles. Ante este grave atentado contra la salud pública, la Defensoría del Pueblo demandó la intervención del Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales por omisión de funciones por parte de las autoridades competentes.
Mediante un documento formal, el jefe de la Oficina Defensorial de Piura, César Orrego Azula, solicitó el inicio de acciones por parte de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) frente a la grave situación de afectación a la salud que viene provocando la presencia de aguas servidas en las principales calles de esta ciudad, debido a que un buzón de desagüe continúa emanando aguas residuales desde hace más de cuatro días.
Orrego detalló que el aniego tiene su origen en el buzón ubicado en el cruce de las avenidas Sánchez Cerro y Sullana. No obstante, pese al tiempo transcurrido, la EPS Grau aún no brinda solución al problema, por lo que las aguas residuales continúan anegando las principales arterias de la ciudad, informó.
«Cabe resaltar que, producto de la visita de supervisión realizada en la zona afectada, se advirtió que la presencia de estas aguas servidas viene afectando a colegios, establecimientos de salud y locales comerciales ubicados en el centro de Piura», precisó el jefe regional de la Defensoría, en oficio dirigido a la sede del Ministerio Público.
Tras agregar que esta situación está ocasionando una grave vulneración de los derechos a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, así como a la salud y a recibir un servicio público de calidad, el representante de la Defensoría del Pueblo remarcó la necesidad de que la FEMA, en su calidad de órgano adscrito al Ministerio Público, inicie las acciones de investigación para determinar presuntas responsabilidades penales de las autoridades que estarían omitiendo su función de implementar medidas inmediatas para revertir la situación.
También a SUNASS
Cabe indicar que esta misma situación fue expuesta a la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento (Sunass) a través de un documento en el que se solicitó adoptar las medidas inmediatas y urgentes para la correcta supervisión, fiscalización y sanción de las obligaciones que tiene la EPS Grau, como empresa encargada de prestar el servicio de saneamiento en el ámbito de Piura, ante el grave problema de los constantes colapsos del sistema de alcantarillado, los cuales se vienen incrementando sin ningún viso de solución.
En el documento, el jefe de la sede defensorial advirtió la preocupación de la Defensoría del Pueblo frente a la crisis financiera y operativa que viene afrontando la EPS Grau, lo que pone en riesgo el abastecimiento de agua y el acceso a servicios de saneamiento de calidad, vulnerándose el derecho humano al agua, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano de los pobladores de la región Piura.
Orrego precisó que es momento de pasar de las acciones paliativas a la solución definitiva de este problema, «por lo que urge una intervención multisectorial con intervención del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, gobierno regional, gobiernos locales y del ente regulador”, remarcó.
