La Contraloría General de la República ha destapado un escándalo de corrupción que involucra al alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Javier Ponce Roque, y a Milagros Huamantuma Fernández, quien habría sido contratada de manera irregular como secretaria en la Gerencia de Ingeniería Municipal mediante el uso de documentos falsificados.
Durante su discurso por el 356 aniversario de Puno, el alcalde Javier Ponce Roque aseguró que no se están destinando fondos públicos a obras de gran envergadura, lo que levantó críticas entre los vecinos de la región. Sin embargo, según el informe de la Contraloría, Ponce estaría desviando los recursos de la municipalidad para pagar favores políticos y contratar personal allegado sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
El caso de Milagros Huamantuma Fernández pone en evidencia una contratación que se realizó de manera express. Según los documentos revisados, la señorita Huamantuma presentó una solicitud de empleo el 15 de febrero de 2024, la cual fue procesada en menos de 24 horas. La solicitud fue derivada directamente desde la Oficina de Atención y Orientación al Vecino hacia la Subgerencia de Personal, a cargo de Sadoc Salazar Mamani, quien omitió realizar un concurso público de méritos y procedió a la contratación directa e ilegal.
Uso de Documentos Falsificados
La investigación reveló que, además de ser favorecida por su cercanía con el alcalde, Milagros Huamantuma Fernández presentó documentos falsos para obtener el cargo. Entre estos documentos se encuentran certificados supuestamente emitidos por la Municipalidad Distrital de Cairani (Tacna) que acreditaban su experiencia como secretaria ejecutiva, así como certificados de cursos de especialización en asistencia administrativa y secretariado ejecutivo, que presuntamente fueron emitidos por el Instituto Superior Tecnológico de Mañazo.
La gravedad de este hecho es tal que el artículo N° 31676 establece penas severas para quienes incurran en estos actos de corrupción. Los funcionarios que designan o contratan a personas que no cumplen con los requisitos legales pueden enfrentar penas de prisión de entre dos y cuatro años, además de multas que oscilan entre los 60 y 120 días. Asimismo, aquellos que aceptan cargos públicos sin contar con los requisitos legales también son sujetos de las mismas sanciones.
Recursos Públicos para Favores Personales
Este caso ha generado indignación entre la población de Puno. Mientras el alcalde Ponce Roque alega falta de recursos para la ejecución de obras importantes en la provincia, los fondos públicos estarían siendo empleados en la contratación irregular de personas cercanas a su círculo de confianza. Aparentemente, la solicitud de trabajo de una persona “cercana” es suficiente para asegurarle un puesto en la municipalidad, sin el debido proceso de selección.
Este hecho constituye una clara violación de la normativa y representa una ofensa a los ciudadanos de Puno, quienes esperan que los recursos municipales sean utilizados en beneficio de la comunidad. La denuncia de la Contraloría refleja la urgencia de que se tomen medidas inmediatas para sancionar a los responsables y garantizar que este tipo de prácticas no se repitan.
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