Según información obtenida por la Defensoría del Pueblo, la inmovilización social obligatoria y la suspensión indefinida del inicio de clases han motivado que más de 82 mil 130 instituciones educativas públicas suspendan el servicio de enseñanza mediante la interacción de estudiantes con el docente en el aula.
A ellos se suma que, aproximadamente 1 millón 200 mil estudiantes indígenas habrían dejado de acudir a casi 27 mil instituciones educativas donde se imparte el servicio educativo intercultural bilingüe.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo planteó que el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales coordinen la elaboración de una estrategia de intervención social y educativa que tenga por finalidad prevenir el abandono y la deserción escolar en los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los ámbitos rurales del país.
“Aprendo en casa” en problemas
La Defensoría del Pueblo advirtió que en la estrategia “Aprendo en casa”, se están presentando problemas en el ámbito rural debido a la persistencia de brechas en aspectos como infraestructura y conectividad digital. Además, la cancelación de la firma del contrato con la empresa proveedora de las tablets digitales ha postergado la atención de 27 mil 837 instituciones educativas públicas, en un contexto en el cual solo seis de cada cien hogares rurales tiene acceso a internet, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Además, la institución pidió al Minedu impulsar con el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Radio y Televisión un programa de reparación de las estaciones de telecomunicación, así como de ampliación de la cobertura de la señal de radio y televisión del Estado, que permita la mejora de acceso a contenido informativo y educativo.
