Frente a la grave crisis institucional generada por la admisión a trámite de la moción de vacancia contra el Presidente de la República, la Defensoría del Pueblo manifestó que una eventual aprobación de vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra, con la información conocida en la actualidad, vulneraría la Constitución.
Por ello, exhortó al Congreso a conducirse estrictamente por lo establecido en la Constitución Política y ejerza con responsabilidad y prudencia el mandato que le ha sido conferido; más aún, en un contexto de emergencia como el que estamos viviendo a nivel nacional.
“Tomar una decisión como esta requiere la máxima serenidad y reflexión dada la dimensión de sus consecuencias. Con los hechos conocidos hasta el día de hoy y el acelerado procedimiento parlamentario utilizado, una vacancia debilitaría más nuestra frágil institucionalidad y pondría en riesgo los esfuerzos realizados para superar los efectos de esta pandemia”, señaló.
Asimismo, manifestó que un asunto de tal trascendencia no puede decidirse únicamente a partir del número de votos que tiene el Congreso para vacar al Presidente de la República. “En caso de continuar el procedimiento, se afectaría el principio de proscripción de la arbitrariedad, que despliega sus efectos en todos los ámbitos de la actividad estatal”, expresó.
La Defensoría del Pueblo a través de un comunicado señaló que el contenido de los audios que involucran al Presidente de la República debe ser materia de una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Publico, con el fin de determinar las responsabilidades penales a las que hubiera lugar.
“Si bien el artículo 117 de la Constitución limita los supuestos en los cuales el Presidente puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato, ello no impide que la Fiscal de la Nación, en el ejercicio de sus funciones y como titular de la acción penal, pueda iniciar diligencias preliminares. Estas investigaciones podrán ampliarse y, de ser el caso, formalizarse las respectivas denuncias una vez que culmine el mandato presidencial el próximo 28 de julio de 2021”, refirió.
Finalmente, dicha institución solicitó al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo no involucrar a las Fuerzas Armadas en la presente crisis.
“Corresponde a los representantes de ambos poderes del Estado resolver este conflicto a través de las instituciones que brinda la democracia y el Estado Constitucional de Derecho. En este contexto, las decisiones y expresiones públicas de nuestras autoridades deben guiarse por un criterio de debida ponderación a efectos de superar, y no agudizar, esta grave situación que afecta a millones de peruanas y peruanos”, concluyó.
