A más de un año de la pandemia de la Covid-19 en el Perú, la Contraloría informó que el 61% de situaciones de riesgo advertidas sobre manejo de la COVID-19 no fueron corregidas por las instituciones públicas, lo que evidenció «la limitada capacidad que existe en los tres niveles de gobierno para gestionar los recursos públicos, con la finalidad de disminuir los efectos lesivos del COVID-19 en los infectados y evitar la muerte de miles de nuestros compatriotas”, advirtió Contralor General.
Según informó la la Contraloría General de la República, en el primer año de la Emergencia Sanitaria se han generado más de 12 mil informes de control simultáneo, los cuales permitieron advertir oportunamente 21 400 situaciones de riesgos en el manejo de recursos públicos asignados a la gestión de la pandemia en el Perú, pero en el 61% (13 007) también se advierte que no se tomaron acciones correctivas por parte de las instituciones involucradas.
No obstante, el Poder Ejecutivo habilitó recursos por más de S/ 124 mil millones para financiar diversas medidas monetarias y fiscales para contribuir al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud, apoyar la mitigación de los efectos de las medidas de aislamiento e inmovilización social, ayudar a la implementación de las medidas de contención de la Emergencia Sanitaria y contribuir a la implementación de las medidas de reactivación económica.
“Todos tenemos claro que la gestión pública no ha estado a la altura de las circunstancias, hay muchas cosas que no se han hecho y algunas otras se han hecho mal. Pero más allá de lamentarnos hay que aprender de la experiencia, rectificar y seguir adelante sobre todo en este tema tan importante como es la COVID-19”, comentó el contralor general, Nelson Shack, durante la presentación del informe “Control en la pandemia por la COVID-19”.
Principales conclusiones
Ante este escenario, el titular de la Contraloría señaló que el informe concluye que pese a los cuantiosos recursos que se disponían para afrontar la Emergencia Sanitaria, el Estado no estuvo institucionalmente preparado ni supo reaccionar adecuadamente para asegurar los niveles mínimos de atención de salud en la pandemia por la COVID-19.
También mencionó que se evidenciaron dificultades para atenuar las graves consecuencias sociales y económicas, principalmente en el apoyo mínimo que requerían las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las familias más vulnerables, las cuales fueron golpeadas económicamente.
Asimismo, enfatizó que la toma de decisiones oportunas y acertadas sobre medidas de gestión de la COVID-19 requiere de transparencia y consistencia en la información. “No podemos exigir eficacia en las decisiones, si vemos graves inconsistencias y falta de transparencia en aspectos tan cruciales como el registro de fallecidos a consecuencia de la COVID-19, por citar un ejemplo”, agregó.
Situaciones adversas
El documento elaborado por la Contraloría señala que solo el 39% (8393) de situaciones adversas detectadas en los informes de control simultáneo han sido resueltas o están en proceso de adoptarse acciones por parte de las entidades públicas para corregirlas. El monto de recursos públicos examinado en los informes de control simultáneo asciende a más de 96 mil 830 millones
Algunos ejemplos de esas situaciones adversas son la demora en el funcionamiento y uso de Centros de Aislamiento Temporal para pacientes COVID-19, deficiencias en la compra e instalación de plantas y concentradores de oxígeno, problemas en la adquisición de pruebas moleculares y Equipos de Protección Personal (EPP), entre otros.
A esto se suma las dificultades detectadas en el proceso de vacunación contra la COVID-19, que se iniciaron con el hallazgo de la vacunación irregular de funcionarios públicos, cuyo caso es conocido como “Vacunagate”, y continuaron en el mismo proceso de vacunación como son: desactualización de los padrones de beneficiarios, pérdida de vacunas, vacunación irregular de personas, inadecuada gestión de residuos biomédicos, entre otros.
“Sin duda alguna, todas las irregularidades que hemos detectado a lo largo de este primer año, debe ser la base para poder desarrollar los controles posteriores que permitan deslindar responsabilidades en esos malos funcionarios públicos que han cometido irregularidades y tendrían responsabilidad administrativas, civiles y penales”, agregó.
Durante el primer año del Estado de Emergencia por la COVID-19 en Perú se realizaron 114 informes de control posterior, de los cuales en 74 informes se plantearon observaciones o problemas en el manejo de recursos por S/ 68 763 797, de un monto examinado que ascendió a S/ 180 005 888.
“Tenemos a 377 funcionarios de los tres niveles de gobierno involucrados en esas irregularidades detectadas en el control posterior”, enfatizó.
