La Defensoría del Pueblo demandó a los aspirantes presidenciales que prioricen sus propuestas y posiciones en torno a la situación de derechos humanos y de la institucionalidad democrática, como temas centrales de los debates previstos por el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales 2021.
En reciente pronunciamiento, esta institución precisó que la ciudadanía debe tener total claridad sobre las posturas de Pedro Castillo, candidato de Perú Libre y Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, sobre estos temas cruciales para el país.
“A lo largo de los años se han producido avances en materia de respeto, garantía y protección de los derechos fundamentales en el país, que se han visto reflejados en la normatividad y en las políticas públicas. Sin embargo, hay todavía amplios sectores de la población cuyos derechos siguen siendo solo enunciados jurídicos carentes de una realización práctica en su vida cotidiana”, detalla el comunicado.
Para la Defensoría, el camino hacia el respeto de los derechos humanos demanda consensos, en especial para los grupos más vulnerables: niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas adultas mayores, personas privadas de libertad, personas LGBTI, migrantes, víctimas de la violencia política, y, ciertamente, de los pobres, los trabajadores informales, las personas sin acceso a agua potable, a salud y educación de calidad, a seguridad y justicia, entre otros.
Desde esta institución se recuerda también que los derechos humanos se rigen bajo el principio de no regresión y corresponde al Estado hacerlos cada vez más efectivos y tangibles.
Cómo lo harán
Para la Defensoría del Pueblo, es necesario que ambos candidatos, así como sus organizaciones políticas, precisen la forma mediante la cual garantizarán el funcionamiento de las instituciones de la democracia, que se basa en la alternancia en el poder, el balance y control entre los poderes públicos, la constitucionalidad de las leyes, la independencia del Poder Judicial.
Se considera también el respeto a las minorías representadas en el Congreso de la República, la libertad de expresión, y la preservación y fortalecimiento de los organismos constitucionales autónomos como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo; y todas aquellas otras instituciones que le dan forma a una República democrática, social, independiente y soberana, tal como es definida en la actual Constitución, señala el comunicado.
Reformas constitucionales
Sobre la posibilidad de realizar reformas constitucionales la Defensoría demandó respeto escrupuloso de los procedimientos previstos para ese fin en la Carta Magna. “Es indispensable que toda propuesta de reforma que presenten ambas candidaturas se enmarque en los principios del Estado democrático de derecho y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por el Estado peruano, las cuales son vinculantes e irrenunciables”, recalca el pronunciamiento.
