La Contraloría General refirió también que no se hace seguimiento a la reactivación de estas obras y recordó que, en el año 2018, la entidad superior de control identificó 867 obras paralizadas, sobre todo en el gobierno nacional (57%), pero que, a junio de 2021, se han registrado 3055 obras paralizadas valorizadas en S/ 29.9 mil millones, de las cuales el 86% están en gobiernos regionales y locales por S/ 24 mil millones.
Por estas y otras razones es que la Contraloría General, enfatiza que el modelo de control concurrente es uno de los ejes centrales de la estrategia de reforma y modernización del control gubernamental en el país, debido a que su enfoque preventivo en la lucha contra la corrupción e inconducta funcional está orientado a contribuir a una mayor eficacia y calidad de la gestión gubernamental, para que la población disponga de mejores servicios públicos.
Este modelo de control presenta ventajas comparativas e incrementa la posibilidad de romper círculos de colusión y soborno a través del acompañamiento sistemático durante los hitos de mayor riesgo en el proceso de ejecución de una obra pública y es una herramienta que apoya a los funcionarios públicos, porque permite que las obras se hagan en el tiempo programado, supervisando en simultáneo -mirada través del control gubernamental- que se cumplan las condiciones y las especificaciones técnicas. Lo esencial del control concurrente, es el beneficio que le brinda a la ciudadanía, ya que los proyectos, además de generar un ahorro al Estado, se desarrollan en el tiempo y la oportunidad que ellos esperan y requieren para su desarrollo y beneficio directo.
Otro de los beneficios que genera este sistema de control es que permite el acompañamiento de manera sincronizada, multidisciplinaria, oportuna, rápida, y preventiva al gestor público durante los diversos momentos claves de la contratación de un bien, servicio u obra pública. En cuyos procesos los auditores alertan oportunamente a los gestores públicos sobre los riesgos y situaciones adversas identificadas para que adopten las medidas correctivas y preventivas. Así se reducen los escenarios de incumplimiento u otras posibles irregularidades que afectan la finalidad de la intervención pública, generan cuestionamientos, así como responsabilidades administrativas, civiles y penales en funcionario y servidores públicos.
Los resultados obtenidos en los últimos tres años de aplicación del control concurrente son concluyentes porque funciona, genera valor público, contribuye a que las obras no se paralicen y concluyan con menores costos de inversión. Del análisis a 1925 servicios de control concurrente, se ha podido determinar que este modelo evitó un potencial perjuicio económico de 485 millones de soles entre los años 2017 y 2020. Siendo la principal recomendación la exigencia de penalidades no ejecutadas, un factor recurrente en obras públicas.
Es preciso señalar, también, que la incidencia por la corrupción e inconducta funcional en el año 2020 en inversiones públicas se redujo en 8.4% con respecto al 2019. En general, esta reducción es por todos los niveles de gobierno, particularmente en las obras del gobierno nacional, con una caída de 19.4% (que tuvieron un acompañamiento del Control concurrente, como en los Juegos Panamericanos, Reconstrucción con Cambios, entre otros).
