Siete países de la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres en América Latina y el Caribe (GAATW), entre ellos Perú, denunciarán la grave situación de la trata de personas en sus territorios, donde las condiciones para la ocurrencia del delito se han agravado por la vinculación de la criminalidad organizada con diversas formas de explotación humana.
Esto tendrá lugar en el 187º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, México y Perú presentarán sus evidencias del escalamiento del delito en la audiencia «Acceso a la justicia para víctimas de trata de personas en las Américas”, programada para este 12 de julio a las 11:15 p.m. (hora de Perú).
Se detallará cómo esta problemática ha recrudecido por los incumplimientos de los deberes internacionales de los Estados que, al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, expresaron libremente su compromiso de trabajar para prevenir, investigar y sancionar los delitos de trata de personas, así como reparar integralmente a sus víctimas.
No es la primera vez que América Latina denuncia esta situación ante la CIDH. En audiencias públicas de los periodos de sesiones 179º, 180ª y 182º, organizaciones de países latinoamericanos alertaron sobre la grave situación de la trata de personas en la región en el contexto de postpandemia por Covid 19, la crisis migratoria, la recesión económica, la expansión de la criminalidad organizada y la corrupción.
Sin embargo, las respuestas de los Estados han sido insuficientes, precarias o inexistentes.
Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo –y quien representará al Perú–, dijo que la Convención Interamericana establece, en el artículo 6, incisos 1 y 2, la prohibición de someter a una persona a esclavitud, lo que incluye la trata de personas. Por lo tanto, es responsabilidad de los Estados contar con un adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo y políticas de prevención para actuar eficazmente ante las denuncias.
“El Estado peruano ha incorporado en su plan de trabajo acciones específicas contra este delito; sin embargo, al no hacer seguimiento a las tareas de prevención, protección, investigación y sanción de los casos, y permitir que la situación se agrave por las actividades de las redes criminales, está faltando a su compromiso internacional. Hace falta que se fortalezca el esfuerzo y se incremente el presupuesto, no solo para la investigación de los casos, sino fundamentalmente para la reparación de las víctimas”, puntualizó.
Añadió que uno de los objetivos de las organizaciones que se presentan en la audiencia es institucionalizar un espacio de articulación y trabajo conjunto entre la CIDH y la sociedad civil para hacer seguimiento al avance de los Estados a fin de frenar este delito.
“Es muy importante que una organización de Perú forme parte del grupo que liderará un proceso de cambio para identificar los posibles escenarios de inacción, falta de voluntad o capacidad de los diversos Estados”, dijo.
Para seguir la audiencia de la CIDH «Acceso a la justicia para víctimas de trata de personas en las Américas” puede registrarse en este enlace: https://cidh-org.zoom.us/webinar/register/WN_tZA3JP_MTVW4G-s-TZleHg#/registration
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