El Jurado Nacional de Expedientes JNE, a través del expediente n.º JNE.2023002127, ha trasladado la solicitud de suspensión del alcalde Gabriel Madrid Orue, motivada presuntamente por dos regidores de minoría, quienes anteriormente formaron parte de la gestión del exalcalde Juan José Díaz. Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia es el presunto olvido del ciudadano Jaime Salas al no borrar el texto que aparentemente fue enviado por los regidores de la minoría en la solicitud de suspensión.
En el documento presentado ante el JNE, se puede leer claramente la frase: «Que en calidad de vecinos, ciudadanos y regidores de la provincia de Piura, en consecuencia legitimamos para presentar solicitud de suspensión contra el alcalde de Piura, señor Gabriel Madrid». Este hallazgo ha despertado cuestionamientos sobre la autenticidad de la solicitud y ha puesto en tela de juicio la independencia y la ética en el proceso.
La situación ha dividido a la población de Piura en sus opiniones sobre la suspensión del alcalde. Mientras algunos ciudadanos respaldan la investigación y creen que se deben esclarecer las circunstancias que rodean la solicitud, otros expresan su apoyo incondicional al alcalde y acusan a los regidores de la minoría de llevar a cabo una estrategia para debilitar su mandato.
El partido político al que pertenece el alcalde ha reaccionado ante la situación, calificándola de una maniobra política destinada a dañar la reputación y la estabilidad del gobierno local. Han pedido una investigación exhaustiva para determinar si existen pruebas sólidas que respalden la acusación contra Gabriel Madrid Orue.
Por otro lado, el ciudadano Jaime Salas aduce que la solicitud de suspensión se basa en preocupaciones legítimas sobre la gestión del alcalde y el uso indebido de su cargo.
Sin embargo, la defensa del alcalde de Piura ha dejado en claro que lo único a lo que ha incurrido la autoridad es a defender la titulación de cientos de familias que por más de 20 años vienen esperando su título de propiedad; por esa razón, propuso al Ministerio de Vivienda que siga como jefe de Cofopri, el Sr. Paul Arrunátegui quien con su amplia experiencia en el rubro aceleraría este proceso, pedido que no fue atendido, pues la actual jefa de Cofopri es Cecilia Alberca Chuyes.
Cabe mencionar, que en esta oportunidad el JNE está corriendo traslado a la Municipalidad de Piura, es decir actuando como mesa de partes, lo que significa que no ha emitido ningún veredicto.
La comunidad de Piura espera que las instituciones encargadas de llevar adelante este proceso actúen con responsabilidad y equidad, protegiendo los intereses de la ciudadanía y velando por el buen funcionamiento del gobierno local.
