SAN MARTÍN. La Federación de Pueblos Indígenas Kichwa Chazuta Amazonía (Fepikecha) rechazó las recientes reformas a la Ley forestal y de fauna silvestre (29763), y exhortó a los y las congresistas a dar un paso atrás y velar por la institucionalidad forestal de Perú. Además, declaró «personas no gratas«, en territorio indígena del Bajo Huallaga, a las parlamentarias representantes de la región San Martín: Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial) y Cheryl Trigozo (APP), por su respaldo al cuestionado dictamen.
En esa misma línea, el Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín (Frecides), en su condición de Coordinadora Macro Oriente de las regiones Amazonas, San Martín, Loreto y Ucayali, también expresó su desaprobación a estas modificaciones y consideró que su aprobación constituye un revés y un golpe a la lucha en defensa de la Amazonía, por lo que pidió su nulidad.
Para el Frecides, los cambios a Ley forestal incentivan prácticas ilegales, como tráfico de tierras, deforestación y degradación de los bosques y afectación de los derechos de los pueblos indígenas, así como el incumplimiento de compromisos asumidos por el país. Tanto Fepikecha como Frecides recordaron Quinto Inuma, líder kichwa y defensor ambiental asesinado en octubre, cerca de su comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, en el distrito Huimbayoc, San Martín. Los responsables serían sujetos relacionados con la tala ilegal y el narcotráfico.
¿Cómo votaron los congresistas de la Mancomunidad Amazónica?
Dos de los cuatro congresistas de San Martín, Lucinda Vásquez y Cheryl Trigozo, votaron a favor de la propuesta ―como se señala líneas arriba―, generando críticas en su región. ¿Pero cuál fue la postura de los parlamentarios que representan a las regiones de la Mancomunidad Regional Amazónica (MRA)? De los 17 en total, ocho apoyaron la iniciativa y solo dos votaron en contra. Los siete restantes se abstuvieron, estuvieron ausentes o con licencia. La MRA está conformada por Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.
Modificaciones a la Ley forestal en reconsideración
Después de que el Pleno del Congreso de la República aprobara por insistencia el dictamen recaído en tres proyectos de ley que establecen modificaciones a la legislación ambiental vigente, la congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú (CD-JPP), presentó formalmente, el viernes 15 de diciembre, la reconsideración a la votación.
De igual manera, su colega de bancada, la parlamentaria Susel Paredes, ingresó otra reconsideración, unos días después, el lunes 18 de diciembre. De acuerdo con la página del Congreso, la aprobación definitiva de la ley quedaría en pausa hasta que la representación nacional examine los argumentos de las legisladoras en la próxima sesión del Pleno, que debería convocarse en marzo del 2024, cuando inicie la segunda legislatura ordinaria del periodo 2023-2024.
No obstante, Jorge Montoya, de Avanza País, ha solicitado la convocatoria urgente a un pleno extraordinario, es decir, antes de lo previsto para el 2024. En esta sesión, podrían debatirse las solicitudes de reconsideración al voto de Luque y Paredes, y sellarse el curso que tomará la Ley forestal y de fauna silvestre.
Pueblos indígenas no fueron consultados
La directora de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Andrea Buitrago, señaló que la norma aprobada en el Congreso debió “haber pasado por el proceso de consulta previa”, al igual que lo hizo, en su momento, la Ley forestal y de recursos naturales actual.
«No solo deben consultarse proyectos de infraestructura a los pueblos indígenas, sino decisiones que van a afectar a sus territorios, sus culturas y sus comunidades. Entonces, esta ley debió también haber cumplido con el proceso de consulta previa. Se están vulnerando derechos colectivos, reconocidos claramente por el Estado peruano, basados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», anotó.
En tanto, César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales, destacó que la Ley forestal 29763 “fue la primera norma sometida a consulta previa”. Su construcción partió de un proceso de diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas.
«Su debate y construcción se desarrolló así. Entonces, es lógico que las modificaciones a esta ley, que fue consultada, también deberían pasar por ese mismo proceso. En particular, por las implicancias que tiene sobre los pueblos indígenas. Ese sería el camino adecuado», concluyó el experto.
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