El Perú no tiene sistemas adecuados para evaluar proyectos de vías vecinales en la Amazonía. En este contexto, el municipio de Megantoni presentó un proyecto para construir el camino vecinal Vista Alegre-Alto Mishahua. Es sabido que conlleva riesgos a reservas naturales y población nativa. Esta y otras impresiones las compartió a Inforegión el especialista técnico de la Fundación para la conservación y desarrollo sostenible (FDCS), Ciro Salazar.
“El sistema de inversión pública a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el sistema de evaluación de impacto ambiental, a cargo del Ministerio del Ambiente, no están diseñados para evaluar este tipo de proyectos. Esto puede sonar extraño porque todos los años se construyen caminos vecinales. Pero la realidad es que estos dos sistemas no están diseñados para evaluar caminos o carreteras -incluso en la Amazonía- por el tipo de impactos que generan”, advirtió.
“Ni en el sistema de inversión pública ni en el Ministerio del Ambiente han establecido criterios más acordes a la realidad amazónica para evaluar los impactos potenciales. (…) Queda a discreción de cada de cada consultor o cada gobierno subnacional que elabora un proyecto determinar el área de influencia (de un proyecto)”, consideró.
Como se recuerda, la iniciativa edil recibió el “rotundo rechazo” de las comunidades nativas de la zona. La posición no es descabellada como podría pensarse en un inicio. La razón estriba en que muchos de estos proyectos no contaron con criterios requeridos para evitar casos de deforestación o de invasiones. Sin embargo, Salazar presenta recomendaciones a tener en cuenta para garantizar el beneficio de las poblaciones.
Riesgos
Salazar precisó que la necesidad de conectividad en la Amazonía peruana es importante. “Pero en muchos de casos estas vías, antes que fortalecer el comercio o acercar el Estado a las poblaciones, lo primero que ha generado es una ocupación desordenada de territorio. Esto se ha expresado, principalmente, a través de la deforestación y el cambio de uso del suelo de los bosques”, consideró. Este riesgo se replica para esta vía cercana a la frontera entre Cusco y Ucayali.
Recordó que en el Perú las carreteras generan deforestación de hasta diez kilómetros de distancia, incluso más. Allí se concentran los cambios del uso del suelo. Entonces eso claramente involucra a la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros; y a territorios de comunidades. Además, existe el agravante de que la vía facilite las actividades del narcotráfico. Existe una pista vinculada a esa economía ilícita en la zona, anotó.
A ello se añade que “a más deforestación hay más problemas de salud pública”. Hablamos de enfermedades como la malaria, entre otras. Por ello consideró que las autoridades deben escuchar la voz de las comunidades indígenas sobre el tema. Como se recuerda, la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas Atalaya (Corpiaa) manifestó su “profundo rechazo” a la iniciativa vial.
Recomendaciones
Salazar planteó que se evalúe el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto en un área de influencia de 10 kilómetros de la vía. Esto para saber qué hay en el territorio y qué es lo que puede pasar en esa zona de influencia. “Es lo mínimo que se debería hacer”, remarcó.
Otra acción importante es evaluar cómo esta vía vecinal podría favorecer a los actores ilegales. “Eso requiere un trabajo de campo e información con otras instituciones y las propias organizaciones indígenas. La idea no es gastar dinero público para favorecer al ilegal, sino para fortalecer a las economías legales”, resaltó Salazar.
Se sabe que por la zona del proyecto vial discurre un río. Entonces, una alternativa sería evaluar la optimización de su navegabilidad. Esta puede ser una salida “menos riesgosa en cuanto a la invasión, ocupación y deforestación que los caminos suelen generar”, manifestó.
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