La promulgación de la ley n° 31989, que aprueba la derogatoria de la disposición complementaria del Decreto Legislativo que buscaba frenar la explotación de minerales de forma ilegal, ha generado preocupación y diversas reacciones sociales. Unos se muestran a favor, y otros en contra por la aparición de organizaciones criminales transnacionales, corrupción en los altos estamentos del estado, y otras consecuencias.
La Red de Medios Regionales del Perú dialogó sobre minería ilegal: entre la formalidad y la impunidad con el analista de riesgo y gestión de conflictos, Dante Vera Miller, coautor del libro Las economías criminales y su impacto en el Perú.
Uno de los temas que más preocupa a los especialistas, según Vera Miller, es el surgimiento de mega bandas criminales que operan en varios países de la región, como el Tren de Aragua, cuyos tentáculos llegaron al Perú.
“El segundo problema de la minería ilegal, y el que más preocupa… y es lo nuevo, es que han aparecido las organizaciones criminales transnacionales, en el caso de la minería, como el Tren de Aragua y otras, que son como sucursales, empresas que dependen de otras más grandes que vienen del extranjero…están cobrando cupos, extorsionando, asesinando, metiendo explosivos a la gran minería. ¿Y quienes son las principales o primeras víctimas?, los mineros informales, los mineros que de alguna manera quieren formalizarse, ellos son los primeros. Incluso los mineros ilegales están siendo atacados por estas organizaciones criminales”, contó.
En resumen, indirectamente la minería ilegal e informal, afecta la seguridad ciudadana. Para Dante Vera, el problema de la minería ilegal, preocupa y altera a muchos por el aumento de los índices delictivos en el país.
La infiltración de la minería ilegal en los poderes del estado
El segundo tema que preocupa y genera debate entre los especialistas y empresarios, es la infiltración de la minería ilegal en los altos estamentos del estado, como el Congreso.
Hace poco, el ex presidente de la sociedad de minería, petróleo y energía (SINMPE), Carlos Gálvez, dijo que los congresistas financiados por la minería ilegal están favoreciendo con leyes a los mineros informales e ilegales. “En todas las bancadas de los congresistas, cuyas campañas han sido pagadas por la actividad ilegal (no necesariamente de minería ilegal), pero de muchas otras. Y por eso estamos viendo todas las barbaridades que pasan por el Congreso, no es que congreso sea malo, es que ha llegado ahí, ha llegado en función a una consigna y pagados por algunos que tienen cierto propósito”, afirmó Carlos Gálvez en una entrevista dada al diario Peru21.
Sobre ello, Dante Vera, señaló que la relación, minería ilegal y política, no es nuevo. “Lo que es nuevo, es la dimensión, la cantidad”, precisó. Posteriormente recordó algunos informes periodísticos, en los que se revelaba cómo algunos mineros ofrecían dinero para financiar la campaña de Ollanta Humala. “Se dimensionaba que uno de sus operadores, después congresista, habría recibido una tremenda bolsa para apoyar la campaña de Humala. Recuerden también los pactos, declaraciones que se hicieron y no constó, en ese momento de que le dieran un financiamiento de manera pública, pero se decía se hablaba con respecto a Keiko Fujimori, que también recibió de los mineros informales, por decir lo menos, ya no de los mineros ilegales, por que ya sería una cuestión seria.
Pero federaciones, asociaciones, dirigentes mineros, públicamente declaraban su apoyo a tal o cual candidato. Denuncias concretas solo hubo de Humala, de Keiko no sé si hubieron”, adujo.
“Y no podemos decir nada menos con respecto al presidente Castillo, en la que también hubo ofrecimientos, pero no sólo ofrecimientos, sino medidas concretas, reuniones concretas, en la que por ejemplo se decidió, mediante un decreto supremo, sacar del Reinfo a todo aquel minero que ejerciera violencia. Bueno, fueron todos los mineros ilegales en sus gremios, entraron al Palacio, tuvieron reunión con el presidente, y a las horas se derogó este decreto supremo. Entonces esa infiltración en los poderes políticos es clave, si existe”, agregó.
Sin embargo, lo que está preocupando ahora, es que la minería ilegal e informal, haya llegado al congreso a fin de lograr leyes que les favorezca. “A mi me preocupa muchísimo que nueve de once bancadas, hayan respaldado la derogatoria del Decreto n° 1607, pueden decir que era inconstitucional, que favorecía a ciertos sectores, pero ¿tanto?, no será que están buscando, ahora que se autorizó su reelección de los congresistas actuales. ¿No será que están buscando votos?”, se preguntó el investigador.
El fracaso de la formalización minera
Para muchos expertos, el proceso de formalización minera, que empezó hace 22 años en el Perú, es un fracaso total. Dante Vera Miller coincide con estas opiniones o percepciones.
Según, el especialista, el proceso de formalización, fracasó porque en el Registro de formalización minera, a los mineros ilegal esta situación, les permite continuar explotando los recursos de manera ilegal, gracias a los privilegios y garantías que obtienen al acceder al registro.
El otro problema en la formalización minera, son los contratos de explotación, que deben ser firmados entre el propietario de la concesión y el minero que está explotando la concesión y que no tiene los permisos para hacerlo. Para Vera Miller, el gobierno enfrenta un gran dilema en la formalización, porque la minería ilegal se ha expandido sobre el todo el territorio del país, y por ende, muchos mineros no tienen los permisos de cesión o explotación.
Estrategias que solucionen que plantean algunos expertos
Ante el crecimiento de la minería informal e ilegal, y el fracaso de su formalización, algunos expertos han plateado 4 estrategias de solución. Dante Vera, nos dio a conocer las soluciones que el gobierno podría aplicar:
- Recuperar el orden interno en las zonas asoladas por las organizaciones criminales.
- Acción del Estado para resolver los problemas de servicio básico de la población, como agua desagüe, postas, escuelas, etc.
- Modificar la normativa legal institucional, para que la formalización no solo sea fiscalizada por las Direcciones regionales de Energía y Minas (además deben ser implementadas con más recursos económicos y humanos).
- Tener plantas de procesamientos propias que eliminarían las platas de procesamientos que son un eslabón de abuso y de licuado de oro sucio.
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