La Comisión de Fiscalización del Congreso realizó este 9 de junio una sesión extraordinaria para abordar un informe de la Contraloría, el cual reveló que ciertas clínicas privadas cobraron a sus pacientes por pruebas de COVID-19 analizadas gratis por el INS.
Durante la sesión virtual, el titular de Susalud, Carlos Acosta, señaló que si se determina que los centros de salud cometieron dicha infracción, recibirán una amonestación de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Es decir, hasta S/ 430.000 de multa inicial.
Asimismo, si se concluye que infringieron el artículo 18 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, serán sancionadas con hasta 500 UIT.
El superintendente nacional de Salud (Susalud) también informó que se encuentra en curso una investigación preliminar sobre la facturación emitida por las clínicas, ya que a pesar de que el análisis de las pruebas es gratuito, estas entidades cobran un valor agregado.
Acosta estableció una diferenciación entre los presuntos cobros indebidos o excesivos. Precisó que indebido es si se cobró por el procesamiento de pruebas que hizo el INS; y excesivo, si, teniendo el insumo, los servicios complementarios tiene precios elevados respecto al precio de mercado.
Además, señaló que es necesario saber si el usuario no fue informado previamente, o pudo haber un aprovechamiento de posición de dominio.
Sobre el inicio de las pesquisas, trazó un cronograma de acciones que demandaría 40 días hábiles. Precisó que hay 102 clínicas incluidas en esta investigación: el 86 % de ellas se concentran en Lima, y se ha oficiado a 53 de ellas para solicitar los componentes de su facturación.
“Naturalmente, de esta situación, continuó, podrían desprenderse medidas posteriores en Indecopi y el Poder Judicial”, manifestó Acosta ante la Comisión de Fiscalización.
En la sesión también participó el jefe del INS, César Cabezas. El ministro de Salud, Víctor Zamora, excusó su inasistencia.
La República
