La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes demandó al Hospital Regional II-2 “José Alfredo Mendoza Olavarria” iniciar una investigación, en el marco de un debido procedimiento administrativo, con el fin de identificar a las funcionarias, los funcionarios y/o el personal de salud que ordenaron el entierro de dos ciudadanos en el cementerio COVID-19, pese a que ambos fallecieron por otras causas.
De acuerdo con la denuncia realizada por la hermana de uno de los fallecidos, el pasado 3 de agosto su familiar fue trasladado hacia el referido nosocomio debido a un dolor en el corazón, ahí fue diagnosticado con paro cardiaco e ingresó a la unidad de cuidados intensivos (UCI). Sin embargo, a las cinco de la mañana del día siguiente falleció; siendo enterrado en el cementerio COVID-19 a la una de la tarde. La ciudadana agregó que su hermano fue calificado por el personal del hospital como NN, a pesar de que en las recetas médicas figuraban sus datos.
Otro caso atendido por la institución fue el de un ciudadano a quien el Hospital Regional no le brindó el certificado de defunción de su hermano, quien fue enterrado en el cementerio COVID-19, sin contar con este documento, y pese a que falleció por cuadriplejia causada por proyectil en las cervicales. Según la denuncia, el fallecimiento se produjo el 17 de julio tras permanecer 10 días en UCI, donde autorizaron la inhumación sin emitir el certificado de defunción.
Al respecto, el médico que atendió al paciente indicó que, al ocurrir el deceso, informó a la Policía del Servicio de Guardia del nosocomio, a fin de que se proceda a comunicar al fiscal de turno para que certifiquen la muerte; sin embargo, posteriormente le informaron que el paciente habría sido inhumado como un paciente fallecido por COVID-19, sin el certificado de defunción.
Ante ello, la oficina defensorial demandó restituir el derecho a la buena administración que le ha sido vulnerado a los familiares de los pacientes fallecidos, ante las presuntas irregularidades en torno a la atención brindada a los pacientes, y que se les brinde los datos de los códigos generados en la inhumación de los cadáveres a efectos de que tengan identificado el lugar del sepulcro.
Finalmente, a fin de evitar que se repitan casos similares, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes recalcó que una de las obligaciones de los establecimientos de salud es la entrega inmediata del certificado de defunción. Este documento es gratuito e indica el fallecimiento de una persona o feto, contiene los datos personales, la causa básica de la muerte, entre otros.
