Ante la próxima llegada del fenómeno de El Niño, la preocupación del Estado no solo debe ser la realización de medidas de prevención sino también en cómo se reaccionará para atender a quienes resulten damnificados por las intensas lluvias y otros efectos que tenga este fenómeno climatológico en el país, señaló el contralor general, Nelson Shack, en su presentación ante la Comisión Especial de seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19 del Congreso de la República.
“En el caso del fenómeno de El Niño debemos preocuparnos ya no tanto por la prevención porque no queda mucho tiempo para ello, sino que tenemos que preocuparnos en cómo vamos a reaccionar y qué va a hacer el Estado con los miles de damnificados que se pueden presentar”, enfatizó durante su presentación. También recordó que El Niño no solo se caracteriza por inundar y destruir los domicilios de las familias peruanas, sino también por producir daños a cultivos agrícolas e infraestructura de servicios públicos básicos como carreteras, establecimientos de salud y educativos, entre otros.
En ese sentido, resaltó que la mayor preocupación que tiene la Contraloría General son los muchos problemas operacionales que tiene el Estado y que solo se resolverán con una reingeniería de todos esos procesos para poder inaplicar algunas normas y así permitir que los funcionarios públicos tengan la confianza y certeza de que luego no serán procesados por haber infringido alguna norma cuando la necesidad de atender una emergencia así lo exigía.
“Entiendo que el Poder Ejecutivo está trabajando en ello, ya que el Congreso le otorgó facultades legislativas, para inaplicar ciertas normas y crear algún mecanismo por el cual el Estado pueda operar de manera distinta en situaciones de emergencia, lo cual no significa que se deben flexibilizar los principios de transparencia o de lucha contra la corrupción. Ojalá que el gobierno tome en cuenta esa recomendación”, aseveró.
Ejecución de presupuesto
El Contralor General manifestó que estamos frente a un escenario de posible fenómeno de El Niño Global donde existe una probabilidad de 51% de que sea moderado y de 35% que sea fuerte. “El Niño del 2017 fue moderado y del 1997-1998 fue fuerte y todo hace indicar que vamos a tener un fenómeno fuerte, por lo que debemos prepararnos”, aseveró.
Por ello, recordó que el Gobierno Nacional ha asignado S/ 4116 millones para afrontar los efectos de El Niño, de los cuales el 9.8% fueron para los gobiernos regionales, el 8.3% para los gobiernos locales y el 81.9% corresponde al Gobierno Nacional.
“Al 12 de octubre se ha ejecutado el 19.2% y la estrategia que ha definido el gobierno es que se va a pagar cuando se hagan las obras y no se van a dar adelantos, lo cual es bastante sano para reducir la posibilidad de hacer pagos por obras que no se ejecuten. Sin embargo, lo que llama la atención es el nivel de contractualización o compromiso, ya que estamos a mediados de octubre y solo se ha comprometido la mitad de la plata (52.9%)”, puntualizó.
Por ello, consideró difícil que se pueda ejecutar la totalidad de los S/ 4116 millones presupuestados por el gobierno, ya que hay sectores como Agricultura y Riego que recibió la mayor cantidad de presupuesto (S/ 1195 millones) pero tiene un nivel de ejecución de 9.5% y los recursos comprometidos llegan al 34%.
Resultados del control
Asimismo, reportó que la Contraloría General ejecutó 2890 servicios de control simultáneo como parte del plan de control para la gestión de riesgos de desastres con miras a afrontar la llegada del fenómeno El Niño y se identificaron más de 7500 situaciones adversas o alertas de riesgos a los gestores públicos.
“Los resultados de estas 7571 situaciones adversas revelan, además de la falta de ejecución presupuestaria, una serie de problemas que hemos detectado en entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)”, mencionó.
Detalló que en el caso de la ANA se evidenció demoras en la presentación, evaluación y aprobación de las fichas técnicas de los contratistas para ejecutar actividades de prevención ante El Niño, así como inconsistencias técnicas en las fichas definitivas, la aprobación de fichas con deficiencias o incumplimiento de características técnicas en la maquinaria usada por los contratistas.
En el caso de la ARCC, se evidenciaron demoras en el inicio de procedimientos de selección, fichas técnicas presentadas fuera de plazo, inconsistencias en fichas técnicas y en términos de referencia para servicios contratados, deficiencias en la labor de empresas supervisoras, entre otros hallazgos.
Sistema de salud precario
Por otro lado, Shack Yalta indicó que existe una enorme precariedad en el sistema de salud del país, donde se otorgaron enormes cantidades de recursos a establecimientos del segundo y tercer nivel de atención para afrontar la pandemia por la COVID-19, pero en el primer nivel de atención se ve una “precariedad muy grande”.
Agregó que ello se vio reflejado en los 79 servicios de control realizados por la Contraloría con motivo del estado de emergencia decretada por la presencia de enfermedades metaxénicas como dengue, chikungunya, fiebre amarilla y malaria. De ese total, 77 servicios son de control simultáneo y dos son de control posterior.
Al respecto, la Contraloría alertó, en diversas regiones del país, una serie de deficiencias en los servicios que ofrecen los establecimientos de salud, en el monitoreo y supervisión del Ministerio de Salud a las Direcciones Regionales de Salud, en la capacidad de atención y respuesta de los laboratorios para la detección de casos de dengue, la falta de medicamentos y precaria infraestructura, entre otros.
Adelantó que, a fines del mes de octubre, se retomarán las acciones de control para verificar si se tomaron medidas para levantar estas observaciones y si no hicieron nada se realizarán los servicios que correspondan para el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Asimismo, el titular de la Contraloría detalló los primeros resultados del operativo de control realizado en establecimientos de salud del primer nivel de atención a nivel nacional y comenzó en la región de Piura, que fue una de las más afectada por las lluvias ocasionadas por el ciclón Yaku.
“Tenemos 8891 establecimientos de salud del primer nivel de atención y eso es lo que tiene una gran precariedad. En el caso de Piura, tenemos 461 establecimientos del primer nivel de atención y con el operativo hemos visitado 101. Los resultados ya fueron comunicados al Ministro de Salud y lo mismo ocurrirá con cada región del país”, añadió.
Entre los principales resultados obtenidos figura que el 56% de establecimientos de salud supervisados en Piura no cuentan con resolución de categorización vigente y esto es importante porque determina el nivel prestacional que debe tener cada establecimiento de salud. También se evidenció que el 13% de las 31 ambulancias asignadas a 22 establecimientos de salud visitados, se encuentran inoperativas.
Además, se alertó que el 43% de establecimientos del nivel I-4 no tienen coche de paro cardiorrespiratorio en el tópico de urgencias y emergencias, lo que afecta la atención de pacientes en estado crítico. Un porcentaje similar de establecimientos de salud tampoco cuentan con el servicio de radiología.
“Hay mucho por hacer en el sistema de salud y algo que debería de hacerse a partir de este tipo de diagnósticos, tal como hicimos con Piura y con los próximos departamentos del Perú durante noviembre, es organizar una mesa de trabajo con el sector Salud y de Economía y Finanzas para mejorar la gestión de los establecimientos. Debemos crear un plan de trabajo para encaminar una reforma del sistema de salud que evite que estas situaciones se sigan presentando y no se afecte a los más pobres y vulnerables”, comentó.
