El Gobierno Regional Piura convocó a representantes del sector empresarial piurano e instituciones públicas para sensibilizar lo relacionado al delito de trata de personas y trabajo forzoso, en el Conversatorio Regional sobre Derechos Fundamentales en el Marco de la Responsabilidad Social Empresarial, organizado por la Dirección Regional de Trabajo y Protección del Empleo, que contó con la presencia de más de 20 empresarios de la región.
Para concientizar a la sociedad sobre la gravedad de este delito que el año pasado dejó en la región 70 víctimas, entre ellas 39 menores de edad, se planteó una estrategia de tres meses que incluya una primera etapa de sensibilización, una segunda destinada a motivar la acción de los ciudadanos y una tercera de visibilización del problema.
Tras aclarar que el éxito de la propuesta de campaña preventiva “Libérennos ya” dependerá del nivel de compromiso de las empresas e instituciones participantes, el GORE planteó la elaboración de piezas gráficas, digitales y audiovisuales en redes sociales, medios de comunicación tradicionales, espacios públicos (impresos y/o anuncios en paneles) y principales medios de transporte: taxis y mototaxis, agencias de transporte interprovincial. Asimismo, se hará incidencia en colegios, universidades y redes juveniles en zonas de alta vulnerabilidad.
La estrategia también incluye una mesa redonda en la que cada empresa o institución aliada asuma compromisos concretos (incluyendo fechas), elaboración de una canción oficial alusiva al tema de la campaña, elaboración y difusión del reportaje audiovisual “Tu silencio puede ser su esclavitud”, y el lanzamiento de la campaña en conferencia de prensa.
A su turno, el director regional de Trabajo y Protección del Empleo, Jorge Olaya Ramos, destacó la importancia de estos espacios permite poner en agenda la lucha contra la trata de personas y el trabajo forzoso en la región Piura. “El Estado se ha puesto más riguroso en la lucha contra este flagelo, sobre todo en el ámbito penal cuyas penas alcanzan hasta los 25 años de pena privativa de la libertad, e inclusive inhabilitación de funcionarios”, detalló.
“Sunafil, en al ámbito administrativo, fiscaliza que no se den este tipo de aspectos sobre el trabajo forzoso, con sanción de 20 a 200 UIT. La sanción es importante, pero también la articulación que se pueda dar con las diversas empresas. Por eso es importante que conozcan ambos temas (trata de personas y trabajo forzoso) en su labor empresarial, lo cual es sujeto de sanciones, y que también les permitirá ampliar los conocimiento al respecto”, precisó.
Durante el evento dirigido a empresarios, los expositores de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales, Ministerio del Interior, direcciones regionales de Desarrollo Social, Trabajo y Sunafil, destacaron la necesidad de que las empresas articulen con el Estado para proteger los derechos de los más vulnerables y evitar la explotación humana en todas sus formas.
