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martes, 10 diciembre 2024
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Unidad Regional lleva el mayor número de candidatos comprendidos en informes de Contraloría

La Contraloría alertó que 52 candidatos y candidatas de la región Piura que anteriormente han sido autoridades, funcionarios o servidores públicos durante su gestión en la administración pública, y que ahora postulan a las Elecciones Regionales y Municipales 2022, se encuentran comprendidos en los informes de control por presuntamente tener responsabilidad penal, civil y/o administrativa como resultado de su gestión en entidades del Estado.

La agrupación política con más casos de exfuncionarios y autoridades con informes de control es Unidad Regional, liderada por el exgobernador y ahora nuevamente candidato al Gobierno Regional de Piura, Reynaldo Hilbck Guzmán, quien precisamente reporta cuatro expedientes en la Contraloría por presuntas irregularidades. Entre ellas, el pago de planillas e incrementos salariales al personal contratado por la modalidad de servicios personales, ejecutados con recursos del canon y sobrecanon; pago de servicios personales por proyectos de inversión también con estos recursos, y una auditoría en el Proyecto Alto Piura.

Sus candidatos a alcaldes provinciales Gabriel Madrid (Piura), Jorge Hildebrando Camino Calle (Sullana), Armando Arévalo Zeta(Sechura) y Hernán Lizana Campos (Huancabamba) también registran procesos de control.

En total son 16 los candidatos de esta organización política que presentan informes de control, según se puede verificar en la plataforma de la Contraloría «En estas elecciones, tú tienes el control».

En tanto, 11 candidatos de Alianza para el Progreso también se encuentran en esta situación, entre ellos la aspirante a vicegobernadora regional, Milagritos Sánchez Reto, quien tiene un informe de auditoría por presuntos vicios en contrataciones de bienes y servicios para la implementación de hospitales temporales durante la pandemia.

Fuerza Regional (7), Somos Perú (5), Región Para Todos (5) y Contigo Región (4) también llevan en sus filas a candidatos con expedientes de investigación por presuntas irregularidades durante su desempeño como funcionarios públicos.

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