La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura demandó a la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa del Ministerio Público de Huancabamba evaluar si el caso de violencia contra una ciudadana, a manos de su expareja, se trataría de un presunto delito de tentativa de feminicidio. Además, exigió garantizar la integridad de la víctima a través del otorgamiento de medidas de protección y que se asegure la debida diligencia en la investigación de los hechos y el debido proceso.
Según la denuncia de la ciudadana, el 10 de agosto habría sido agredida física y psicológicamente por su exesposo quien habría roto una botella contra el piso, presuntamente buscando atentar contra la vida de la agraviada y habría intentado atacarla con herramientas, además de patearla en la cara y el cuerpo. Cabe resaltar, que el presunto agresor habría tenido una prohibición judicial de acercarse a menos de 300 metros de la agraviada.
“Tras la revisión de los signos de violencia en la agraviada, el médico legal dispuso 15 días de descanso médico. Asimismo, tomamos conocimiento, a través del Centro Emergencia Mujer, que el agresor cuenta con antecedentes judiciales y penales de denuncias por violencia familiar y delito de desobediencia y resistencia a la autoridad por incumplimiento de las medidas de protección”, sostuvo el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego.
Ante ello, la institución ha demandado a la Fiscalía en la región solicitar urgentemente medidas de protección a favor de la agraviada, debido a que habría suficientes indicios que denotan una conducta peligrosa por parte del denunciado. Asimismo, que se informe sobre las diligencias de investigación que se vienen realizando al respecto y si, a la fecha, se ha pedido prisión preventiva u otra medida en contra del investigado a fin de garantizar el debido proceso.
La oficina defensorial recalcó que estas diligencias deben ser cumplidas de manera inmediata, ya que la demora puede ocasionar la afectación a la integridad de la víctima y de sus familiares. Cabe resaltar que, el 11 de agosto, el Centro Emergencia Mujer ya habría realizado el pedido de atención a la Fiscalía, por lo que este debe ser atendido con urgencia.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo recuerda que una de las prioridades del Estado es la lucha contra la violencia de género. De acuerdo al Decreto Legislativo N°1470, los operadores de justicia deben garantizar la atención y protección de las víctimas durante el periodo de emergencia sanitaria. Una de estas medidas establece que el Poder Judicial debe dictar en un plazo de 24 horas medidas de protección para salvaguardar la integridad y acceso a la justicia de las afectadas.
