Frente a los hechos ocurridos la noche del último sábado en una discoteca de Los Olivos, que deja hasta el momento un saldo de 13 personas fallecidas, entre ellas, 12 mujeres, la Defensoría del Pueblo solicitó mediante un comunicado que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público deberán investigar de manera exhaustiva si se cumplió con los protocolos de seguridad.
“La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público deberán investigar, en el más breve plazo, si el operativo realizado en la discoteca cumplió con los protocolos de seguridad; más aún, tratándose de la intervención de decenas de personas en un local hacinado que contaba con una sola puerta de evacuación. Es obligación de las autoridades respetar, en todo momento, la seguridad e integridad de las personas intervenidas, aun si estas se encuentran infringiendo la ley”, señala el comunicado.
Asimismo, señala que urge realizar una investigación exhaustiva del caso y aplicar las máximas sanciones penales y administrativas contra quienes resulten responsables.
“Los empresarios involucrados en la organización de este evento deben recibir una sanción ejemplar que disuada a otros de cometer actividades similares. Recordamos que es obligación de las autoridades municipales fiscalizar que se cumpla la prohibición de llevar a cabo reuniones sociales en bares y discotecas, durante la emergencia sanitaria. Más aún, si según información de la Municipalidad de Los Olivos, el certificado de defensa civil del local donde ocurrió el evento había caducado en enero de este año”, refiere la Defensoría del Pueblo.
El mencionado comunicado refiere también que los hechos acontecidos revelan, una vez más, la necesidad de reenfocar la estrategia de lucha contra la pandemia para dar un mayor protagonismo a la sociedad civil organizada.
“Como lo ha planteado recientemente el Defensor del Pueblo en una carta al presidente de la República, el Gobierno debe activar y acompañar la labor de las organizaciones barriales y vecinales, quienes conjuntamente con las autoridades locales deben contribuir a identificar actos manifiestamente ilegales y contraproducentes para la seguridad y salud pública. Solicitamos, por ello, a las municipalidades distritales de Lima y Callao redoblar sus esfuerzos, para que en coordinación con los vecinos, y la Policía Nacional del Perú, cumplan su deber de vigilar y prevenir las reuniones masivas de personas”, concluye el comunicado.
Asimismo, en el comunicado la Defensoría lamentó profundamente la pérdida de 13 vidas humanas, así como la afectación de derechos de quienes han resultado heridos, producto de este trágico evento.
