La ley promulgada en Perú hace unos días respecto a la protección de la policía nacional contiene disposiciones que no se alinean con los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza que deben regir toda actuación de las fuerzas de seguridad y del orden, alertó hoy la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur.
#ALERTA #DerechosHumanos #EstadodeEmergencia
El titular de esa entidad, Jan Jarab, sostuvo que la promulgación de la legislación constituye un “retroceso preocupante en la normativa que venía desarrollando Perú en materia del uso de la fuerza”.
“Hacemos un llamado urgente al Congreso de Perú, así como a todas las autoridades competentes, a revisar y revertir los efectos de esta nueva ley, pues en varios aspectos contraviene las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, apuntó Jarab en un comunicado.
La Oficina explicó que con la nueva norma se deroga el principio de proporcionalidad, que impide que los funcionarios policiales actúan de manera excesiva o arbitraria, además de que se exime de responsabilidad penal a los efectivos de la policía que hagan uso de la fuerza.
Despliegue de personal policial y militar
La ley también prohíbe dictar mandatos de detención preliminar judicial u ordenar prisión preventiva para policías investigados por delitos. A este respecto, Jarab subrayó que “la adopción de una medida cautelar debe ser resuelta exclusivamente por un juez, con base en los antecedentes de la causa y audiencias de las partes”.
“En el mundo, y Perú no es la excepción, la policía forma parte de los esfuerzos para proteger la salud de la población frente al COVID-19. Pero al mismo tiempo es fundamental la rendición de cuentas por las acciones de las fuerzas de orden y seguridad, para no dejar espacio a arbitrariedades o a la impunidad, sobre todo en circunstancias extraordinarias como las que enfrentamos hoy”, enfatizó Jarab.
El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reiteró la disposición de la Oficina Regional para apoyar la armonización de las leyes con la legislación internacional de las garantía fundamentales, y para compartir las mejores prácticas de los Estados con respecto al uso de la fuerza.
